El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, y lo remitió al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El texto adapta la legislación española al Reglamento europeo de IA, en vigor desde agosto de 2024.
El anuncio se dió a conocer por nota de prensa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; el texto del Proyecto, sin embargo, no se conocerá presumiblemente hasta su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que habitualmente ocurre días o semanas después de la aprobación en Consejo de Ministros.
Según la nota oficial del Ministerio, la ley designa los organismos españoles de supervisión del Reglamento europeo y establece el régimen sancionador. Para sistemas de IA no cubiertos por legislación sectorial preexistente, la supervisión recae principalmente en la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), junto con la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial, según el ámbito concreto.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las sanciones van desde 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en los casos menores, hasta 35 millones o el 7% del volumen de negocio en los más graves, como comercializar un sistema de IA prohibido. Se prevén reducciones por pronto pago y un trato diferenciado para pymes y startups.
Entre las prácticas prohibidas figuran los sistemas que manipulan decisiones mediante técnicas subliminales, los que explotan vulnerabilidades por edad, discapacidad o situación económica, los que clasifican a personas por raza u orientación política o sexual mediante biometría, y los que generan deepfakes sexuales sin consentimiento. Esta última prohibición fue impulsada por España en Bruselas, con el apoyo de Francia, y fue incorporada al Reglamento europeo el pasado 7 de mayo.
entornos de prueba para innovar bajo supervisión
La ley incluye también lo que el Gobierno denomina "entornos controlados de pruebas" o sandboxes, un término técnico que merece traducción.
La idea es sencilla: una empresa que quiere lanzar un sistema de IA puede solicitarle a la autoridad reguladora operar durante un período limitado con menor carga de obligaciones, a cambio de total transparencia y supervisión activa. Es un acuerdo formal que permite demostrar que el sistema cumple la normativa antes de su autorización definitiva, sin tener que asumir desde el primer día todo el peso regulatorio. Una especie de período de prueba supervisado, pero en el sentido regulatorio, no técnico.
El Ministerio ya operaba un entorno de este tipo antes de que el Reglamento europeo lo exigiera. La ley formaliza ahora su funcionamiento bajo gestión de la AESIA y permite que otras autoridades sectoriales creen los suyos propios, siempre vinculados a su ámbito de supervisión.
Por último la ley introduce medidas específicas para las administraciones públicas estatales: un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, no limitado a sistemas de alto riesgo, y la figura del delegado de IA en cada organismo, encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en contratación pública. Ambas figuras se desarrollarán por Real Decreto.
