El mes de mayo de 2026 ha traído dos novedades que, aunque comparten el tema de las redes privadas virtuales, tienen naturaleza y alcance muy distintos. Mozilla ha confirmado oficialmente el rediseño de Firefox conocido internamente como Project Nova, que llegará más adelante en 2026. El equipo de diseño lo describe como una renovación, no un reemplazo, concebida para adaptarse a las expectativas actuales de los usuarios. El rediseño reorganiza la interfaz para dar mayor visibilidad a las herramientas de privacidad ya existentes. La protección mejorada contra rastreo, la VPN integrada y el modo de navegación privada pasan a posiciones más accesibles. Los cambios visuales incluyen pestañas con bordes redondeados, nuevos iconos y una paleta de colores más cálida.
La VPN que Nova hace más visible no es nueva: Firefox 149, publicado en marzo de 2026, ya incorporaba una VPN gratuita que enruta el tráfico del navegador a través de un servidor proxy seguro, con un límite de 50 GB mensuales. A diferencia del servicio comercial Mozilla VPN, esta herramienta no cubre el tráfico del sistema operativo. El lanzamiento inicial se limitó a usuarios de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido.
La Ley C-22 en Canadá
El proyecto de ley C-22, denominado Lawful Access Act, fue presentado en primera lectura el 12 de marzo de 2026 por el ministro de Seguridad Pública y obligaría a los proveedores de servicios electrónicos a incorporar capacidades técnicas de vigilancia y a retener determinados metadatos de los usuarios durante hasta un año. El gobierno precisa que la norma solo permitiría la retención limitada de metadatos, sin incluir contenidos como historiales de búsqueda o correos electrónicos, y que el acceso a los metadatos retenidos requeriría en todo caso una orden judicial.
La oposición al proyecto ha crecido en las últimas semanas. Más de una docena de empresas - entre ellas Apple, Meta, Signal y varios proveedores de VPN - han expresado preocupaciones sobre las disposiciones clave, y algunas han amenazado con retirar sus servicios del mercado canadiense si el proyecto se aprueba sin cambios. Ante la presión, el gobierno ha señalado que introducirá enmiendas. Entre las opciones barajadas está reducir el periodo de retención de metadatos de un año a 30 o 90 días, o añadir un requisito de aprobación judicial o independiente antes de que una orden de retención entre en vigor. Las disposiciones que pudieran posibilitar interceptación de tráfico cifrado y retención masiva de metadatos plantean interrogantes serios respecto a la Sección 8 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que protege a los ciudadanos frente a registros e incautaciones irrazonables.
